La amnistía general en Venezuela de 2026 emerge como un pilar de la transición política tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, con la presidenta encargada Delcy Rodríguez proponiendo una ley para liberar presos políticos detenidos desde 1999. Aprobada en primera discusión por unanimidad en la Asamblea Nacional el 5 de febrero, esta iniciativa busca sanar heridas de confrontaciones pasadas, aunque genera intensos debates por sus limitaciones y exclusiones. Mientras el gobierno promete liberaciones masivas para mediados de febrero, organizaciones de derechos humanos alertan sobre centenares de casos que quedarían fuera, cuestionando su verdadero alcance en un país marcado por miles de detenciones arbitrarias.
Antecedentes Políticos
Venezuela acumuló un vasto historial de presos políticos desde la llegada de Hugo Chávez en 1999, con picos en protestas de 2014, 2017, 2019 y post-elecciones de 2024, donde Foro Penal registró miles de casos. La represión incluyó torturas, juicios sin garantías y exilios forzados, exacerbados por sanciones internacionales. La caída de Maduro vía operación militar estadounidense en enero de 2026 abrió la puerta a gestos humanitarios, con liberaciones iniciales de cientos reportadas por el gobierno y ONG.
Delcy Rodríguez, asumiendo la presidencia interina, anunció el 30 de enero el proyecto de «Amnistía para la Convivencia Democrática», enmarcado en el artículo 29 constitucional que exceptúa crímenes graves. Este paso responde a presiones de Washington y la ONU para reconciliación.
Proceso Legislativo
La Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, aprobó el borrador de seis páginas en primera discusión el 5 de febrero por unanimidad, iniciando consultas públicas con ONG como Foro Penal, Provea y Acceso a la Justicia. El debate final se prevé para el 12-14 de febrero, con promesas de ratificación rápida para excarcelaciones inmediatas. La comisión especial incorporó sugerencias, pero persisten tensiones por el texto final.
El proceso incluye devolución de bienes confiscados y cancelación de alertas Interpol, priorizando «reconciliación ética».
Detalles de la Ley
El proyecto cubre delitos políticos y conexos desde el 1 de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026, limitado a 10 eventos de «convulsión social» como protestas de 2007, 2014 y 2024. Beneficia a procesados o condenados, anulando sentencias viciadas y permitiendo retornos de exiliados. Excluye violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio doloso, corrupción y narcotráfico con penas mínimas altas.
| Evento Cubierto | Período Aproximado | Ejemplos de Casos |
|---|---|---|
| Protestas iniciales | 2007 | Detenciones por manifestaciones |
| Crisis 2014 | 2014 | Opositores reprimidos |
| Protestas 2017 | 2017 | Líderes juveniles |
| Levantamiento 2019 | 2019 | Apoyo a Guaidó |
| Post-elecciones 2024 | 2024 | Votantes y activistas |
Liberaciones Iniciales
Desde el 8 de enero, el gobierno reportó 895 liberaciones, incluyendo 626 hasta el 23 de enero y 104 en un solo día el 25. Foro Penal confirma 383 al 26 de enero, con Diosdado Cabello anunciando 808 desde diciembre 2025. Jorge Rodríguez prometió libertad total para el 14 de febrero post-ratificación, en vigilias de familiares ante prisiones.
Estas cifras representan un avance, pero listas no oficiales generan discrepancias, con la ONU solicitada para verificación.
| Fecha | Liberaciones Reportadas (Gobierno) | Confirmadas (Foro Penal) |
|---|---|---|
| Hasta 23 ene | 626 | ~250 |
| 25 ene | N/A | 104 |
| Total inicial | 895 | 383 |
Debate en la Asamblea
Diputados como Jorge Arreaza defendieron la ley como «obligación ética» para sanar heridas, llamando a consultas profundas con víctimas y familias. El presidente de la Asamblea urgió celeridad: «No contamos con mucho tiempo», enfatizando diálogo entre actores. La unánime primera aprobación refleja consenso post-transición, aunque opositores internos piden ampliación.
Polémica por Exclusiones
ONG como Acceso a la Justicia critican el término «extremismo» que descalifica beneficiarios, dejando decisiones a jueces cuestionados por parcialidad. Exclusiones afectan militares, exiliados y casos de «civil, administrativa o laboral», potencialmente la mitad de presos. Foro Penal insta a transparencia y participación, alertando riesgos de impunidad selectiva sin reparaciones.
| Exclusión | Descripción | Impacto Estimado |
|---|---|---|
| DDHH graves | Violaciones sistemáticas | Centenares de casos |
| Narcotráfico | Penas >9 años | Militares implicados |
| Corrupción | Delitos patrimoniales | Exfuncionarios |
| Lesa humanidad | Crímenes de guerra | Procesos dudosos |
Posiciones de Actores
Gobierno: Herramienta soberana para futuro sin venganza. Opositores y familias: Demandan inclusión total y reparaciones simbólicas/materiales. ONG (Provea, Espacio Público): Anulación inmediata de procesos viciados, no repetición y restitución plena. Internacional: Trump aplaudió liberaciones aceleradas; Misión ONU acoge con cautela, pidiendo mayor alcance.
Implicaciones Futuras
La ley podría liberar miles, facilitando elecciones 2026 y transición, pero sin reformas judiciales arriesga exclusiones arbitrarias. Expertos urgen reparaciones para víctimas y garantías contra repetición, posicionando la amnistía como prueba de compromiso democrático en Venezuela.
Angel Prieto es redactor y colaborador en PandorasCode, especializado en la cobertura de actualidad, sociedad y tendencias internacionales. Cuenta con experiencia en la elaboración de contenidos informativos enfocados en explicar los hechos de manera clara, precisa y accesible para una audiencia de habla hispana.