Febrero de 2026 marca un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a inicios de enero, el país ha iniciado un proceso de liberación masiva de presos políticos, impulsado por una ley de amnistía aprobada en la Asamblea Nacional. Este movimiento, acompañado de huelgas de hambre y avances parciales, genera esperanzas de reconciliación pero también tensiones por las exclusiones en la norma.

El fenómeno responde a años de detenciones arbitrarias durante los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, donde organizaciones como Foro Penal estimaban más de ochocientos casos de presos políticos antes del cambio político. En las últimas semanas, cientos han recuperado la libertad, aunque persisten protestas por aquellos dejados atrás.
Antecedentes del Proceso
El detonante fue la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026, que capturó a Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York para juicio. Días después, el 8 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un número significativo de opositores, activistas y periodistas como gesto hacia la paz nacional.
Desde ese momento, las excarcelaciones comenzaron de manera intermitente. Hasta finales de enero, Foro Penal confirmó doscientas cincuenta liberaciones, mientras el gobierno elevaba la cifra a ochocientos ocho desde diciembre de 2025. Extranjeros de países como Estados Unidos, Italia, España y Colombia también fueron puestos en libertad, incluyendo cooperantes y empresarios detenidos por años.
El 29 de enero, Delcy Rodríguez, presidenta encargada, impulsó un proyecto de ley de amnistía que abarca casos desde 1999, incluyendo protestas de 2007, 2014, 2017, 2019 y 2024. Además, se ordenó desmantelar El Helicoide, infame centro de detención ligado a torturas, para convertirlo en espacio cultural.
La Ley de Amnistía
Aprobada por unanimidad el 5 de febrero en primera votación, la ley extingue responsabilidades penales por motivos políticos y permite la devolución de bienes confiscados. Cubre procesados por protestas y acciones violentas asociadas a confrontaciones políticas, con garantías contra nuevas detenciones por los mismos hechos.
Sin embargo, excluye delitos graves como rebelión militar de 2019, violaciones a derechos humanos, lesa humanidad, homicidios intencionales, tráfico de drogas y corrupción. Esto deja fuera a militares, participantes en la Operación Gedeón y unos cuatrocientos casos según Foro Penal. La norma entró en vigor rápidamente, con Rodríguez prometiendo liberaciones masivas para el 13 de febrero.
Hasta el 20 de febrero, la justicia dictó libertad a trescientas setenta y nueve personas en las primeras horas post-aprobación. La Cruz Roja Venezolana participa en chequeos médicos para los liberados, procesando más de mil quinientas solicitudes de excarcelación.
| Aspecto de la Ley | Detalles Incluidos | Exclusiones Principales |
|---|---|---|
| Alcance Temporal | Protestas desde 1999 (2007, 2014, 2017, 2019, 2024) | Rebelión militar 2019 (Operación Gedeón) |
| Beneficios | Libertad, devolución bienes, cancelación Interpol | Delitos graves: lesa humanidad, homicidio, corrupción |
| Garantías | No re-detenidos por mismos hechos; procesos remotos para exiliados | Militares, acusados de terrorismo, narcotráfico |
| Implementación | Unanimidad en Asamblea; chequeos médicos | Verificación caso por caso; apelaciones pendientes |
Avances en Liberaciones
Las liberaciones han sido verificadas por ONG independientes. Foro Penal reporta cuatrocientos noventa y cuatro desde el 8 de enero, con picos como ciento cuatro en un solo día a fines de enero. El gobierno reivindica más de ochocientos, discrepando en metodologías.
Figuras destacadas incluyen a Rocío San Miguel, activista liberada tempranamente, y extranjeros como los italianos Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes negaron torturas al salir. Profesores como Luis Alberto Linares Sánchez y Milton José Hidalgo Mendoza fueron excarcelados post-amnistía. Hasta el 5 de febrero, trescientos ochenta y tres confirmados, con aceleración en febrero.
| Fecha Clave | Liberaciones Confirmadas (Foro Penal) | Cifra Gubernamental |
|---|---|---|
| Hasta 26 enero | 250 | 808 (desde dic 2025) |
| Hasta 5 febrero | 383 | No especificado |
| Post-aprobación (20 feb) | 379 iniciales | Más de 1.500 solicitudes |
| Total estimado feb 2026 | Alrededor de 500 | Superior a 800 |
Estos avances representan cerca del sesenta por ciento de presos estimados, revitalizando la oposición y permitiendo retornos de exiliados.
Huelgas de Hambre y Protestas
A pesar de progresos, exclusiones generaron resistencia. El 13 de febrero, presos en Zona 7 iniciaron huelga de hambre exigiendo inclusión. El 21 de febrero, más de doscientos en El Rodeo I —venezolanos y extranjeros acusados de terrorismo— se sumaron, denunciando falta de atención médica y lentitud en amnistías.
Familiares como Yalitza García y Shakira Ibarreto reportan doscientos trece en huelga al 22 de febrero, con concentraciones en la Universidad Central de Venezuela. Foro Penal lista doscientos treinta y dos casos para revisión, criticando exclusiones a militares y sus familias. La Plataforma Unitaria Democrática verifica solo diecinueve liberaciones en las primeras cuarenta y ocho horas post-ley, demandando voluntad política para los seiscientos restantes.
Estas protestas destacan la fragilidad del proceso, con riesgos para la salud de huelguistas en prisiones hacinadas.
Reacciones Nacionales e Internacionales
Nacionalmente, opositores aplauden pero exigen cumplimiento total. Alfredo Romero de Foro Penal urge revisiones, mientras Justicia, Encuentro y Perdón califica la ley de revictimizante.
Internacionalmente, Donald Trump tuiteó en Truth Social alabando el ritmo acelerado. La Casa Blanca lo ve como influencia positiva. España, vía José Manuel Albares, pide levantar sanciones a Delcy Rodríguez y celebra el paso. Alemania y la UE lo consideran buena señal. Lula da Silva y Gustavo Petro saludaron liberaciones iniciales.
Estas respuestas fortalecen la legitimidad del gobierno interino, incentivando más avances.
Desafíos Pendientes
Persisten discrepancias en cifras: gobierno versus ONG. Verificar identidades y apelar exclusiones requiere tiempo, con más de mil solicitudes pendientes. Riesgos incluyen reincidencia en detenciones arbitrarias y tensiones con militares excluidos.
La reconciliación demanda transparencia, justicia restaurativa y reformas judiciales. Sin inclusión plena, las huelgas podrían escalar, socavando la transición.
Conclusión
La liberación de presos políticos en febrero de 2026, con amnistía y pese a huelgas, señala un avance clave hacia la normalización en Venezuela. Aunque incompleto, este proceso post-Maduro abre puertas a la democracia, siempre que se resuelvan exclusiones y se priorice la unidad nacional. El mundo observa si estos gestos se convierten en transformación duradera.

Angel Prieto es redactor y colaborador en PandorasCode, especializado en la cobertura de actualidad, sociedad y tendencias internacionales. Cuenta con experiencia en la elaboración de contenidos informativos enfocados en explicar los hechos de manera clara, precisa y accesible para una audiencia de habla hispana.